¿Puede decretarse el software libre?

Desde su nacimiento, el denominado software libre ha sido controversial. En torno a esta categoría de software cuyo estandarte es el sistema operativo Linux, desarrollado por su creador Linus Torvalds y miles de colaboradores desinteresados a través de Internet, han surgido encendidas polémicas sobre el uso del software por parte de las empresas públicas y privadas.

El modelo del software libre se define sobre la base de tres premisas: la libertad de ejecutar el programa respectivo, para cualquier propósito; la libertad para estudiar el programa y modificarlo --para esto se necesita acceso al código fuente-- y la libertad de distribuir copias.

En contrapartida, el software propietario --el adjetivo propietario califica también a cualquier software o sistema que no se rige por estándares-- o controlado no puede ejecutarse indiscriminadamente; en principio se requieren licencias por cada usuario que lo ejecute o por cada computador de escritorio o cada servidor donde se instale.

El acceso a los programas fuente es muy restringido en el caso del software controlado. Generalmente el usuario dispone del programa ejecutable --comprensible sólo para el computador que lo ejecuta-- y sólo puede modificar algunas de las variables para ajustarlo a su entorno específico.

Esto implica que la copia y distribución del software controlado es considerada abiertamente ilegal, por lo que las casas de software establecidas mantienen importantes campañas anti-piratería para preservar sus derechos de propiedad intelectual.
 

El bazar y la catedral

El avance del software libre ha sido notable en los últimos años, y ha sido favorecido especialmente por las facilidades crecientes de acceso a Internet. El fenómeno de la expansión del software libre atrae la atención de los sociólogos por la filosofía que está detrás: es un proceso en el que intervienen miles de programadores de todo el mundo, sin cobrar un céntimo a cambio y con un objetivo único: perfeccionar el sistema correspondiente, hacerlo más robusto a los ataques de seguridad y simplificar su uso.

Esa tarea no es nada sencilla. En el caso del sistema operativo Linux, su creador Linus Torvalds mantiene el control de las modificaciones al núcleo del sistema operativo, para garantizar compatibilidad de las versiones que se desarrollan posteriormente.

Pero Linux es sólo una porción del software libre, hay otros sistemas que han ganada gran aceptación entre usuarios individuales y corporativo, sólo que forman parte de la compleja infraestructura técnica que soporta los sitios web y no hay detrás de ellos una figura como la de Torvalds cuyo trabajo desinteresado se contrapone frecuentemente a personajes como Bill Gates o a la de otros actores importantes del mundo del software.

Esos dos estilos de desarrollo fundamentalmente opuestos, son caracterizados por el gran abogado del software libre Eric Raymond como el modelo catedral de la mayoría de los fabricantes de softaware comercial y el modelo bazar del mundo Linux.

Dice Raymond, en su ya famoso artículo "La catedral y el bazar": "El estilo de desarrollo de Linus Torvalds ("libere rápido y a menudo, delegue todo lo que pueda, sea abierto hasta el punto de la promiscuidad") me cayó de sorpresa. No se trataba de ninguna forma reverente de construir la catedral. Al contrario, la comunidad Linux se asemejaba más a un bullicioso bazar de Babel, colmado de individuos con propósitos y enfoques dispares (fielmente representados por los repositorios de archivos de Linux, que pueden aceptar aportaciones de quien sea), de donde surgiría un sistema estable y coherente únicamente a partir de una serie de artilugios".

Los gobiernos se interesan

En la actualidad, Linux y otras plataformas de software libre han sido adoptadas tanto por empresas privadas como públicas en todo el mundo. Se requiere sin embargo un nivel alto de pericia técnica para implantar el software libre; por eso se habla del software libre soportado o asesorado, que proviene de empresas como Red Hat, Novell y otras.

Estas empresas ofrecen una versión comercial de Linux, evidentemente a precios muy inferiores a los del software controlado, que implican un costo mayor en el proceso de instalación mantenimiento y soporte técnico.

Con esto surge un factor que va más allá de la gratuidad del programa básico: la necesidad de entrenar al personal de informática para manejar las herramientas del software libre y para el desarrollo de las aplicaciones que correrán bajo esa plataforma.

Diversos gobiernos han adoptado sistemas basados en el software libre, especialmente porque pueden replicarlos sin costo una vez que han pagado por el desarrollo de un sistema particular. Es decir, el software libre no exonera a los gobierno de los costos de desarrollo que contrate para necesidades específicas ni de los costos de los sistemas que piense distribuir luego en otras agencias gubernamentales. Por ejemplo, el sistema usado por Cadivi para la asignación de divisas, según información oficial, costó más de 70 mil dólares.

Respecto a la puesta en vigor de leyes para favorecer el uso de software libre en instituciones públicas, la tendencia es a recomendar su uso, como en los casos relativamente reciente de Alemania y Brasil, o a regular sobre el formato abierto y accesible de los datos que manejan los sistemas. La idea de esto último es permitir que coexistan sistemas de software libre y software controlado, gracias al flujo libre de datos entre unos y otros.

¿Un decreto inminente?

Ya en 2002 se dio en Venezuela una importante discusión ante la iniciativa adelantada por el entonces ministro de Producción y Comercio, Felipe Pérez Martí, quien proponía el uso del software libre por parte del gobierno.

Tanto Martí como sus asesores enfatizaban la necesidad de coexistencia de ambas modalidades de software, el libre y el controlado, en parte por la gran cantidad de sistemas que existen hoy en las empresas del gobierno, que cumplen con los requerimientos para los cuales fueron contratados y que no pueden dejar de funcionar sin crear serios problemas de operatividad. Por otra parte, sería necesario un esfuerzo titánico de desarrollo para emprender desde cero la construcción de los sistemas que el funcionamiento del estado reclama.

En su reciente alocución sobre la puesta en marcha de nuevos infocentros, el presidente Hugo Chávez se refirió a un decreto en preparación para establecer en Venezuela de manera oficial y obligatoria para la administración pública, el fomento y la adopción del software libre. Esto afectaría directamente a Microsoft y otras casas trasnacionales de software, pero también a sus socios locales, quienes desarrollan sistemas basados en software controlado.

En la iniciativa gubernamental de hace dos años, se propició una discusión abierta en la que participaron todos los sectores involucrados. Esta discusión permitió que el gobierno aclarara que no había obligatoriedad de los proveedores de sistemas de entregar el programa fuente de las aplicaciones, a menos que se tratara de un sistema contratado para fines específicos.

En este punto, los desarrolladores de software son reticentes a entregar los programas fuente, pero si se trata de un sistema a la medida, con particularidades que hacen muy difícil su modificación, algunos han manifestado que no tienen problemas en entregar esos programas fuente.

No ocurre lo mismo con programas menos complejos, por ejemplo, un sistema de administración. Para un desarrollador resulta cuesta arriba vender una sola vez un programa de facturación, por ejemplo, si sabe que va a ser duplicado en muchas oficinas de la administración pública, sin recibir una contraparte.